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Jurisprudencia en materia penal


SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA DICTADAS EN UNA CAUSA PENAL, QUE IMPONGAN PENA DE PRISIÓN SIN DISFRUTE O CONCESIÓN INMEDIATA DE LA CONDENA CONDICIONAL. SON APELABLES Y EL AMPARO DIRECTO EN QUE SE RECLAMEN ES IMPROCEDENTE. El artículo 388 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chihuahua, dispone que son irrecurribles las resoluciones dictadas en procedimientos que se sigan por delito sancionado con pena máxima de cuatro años de prisión; sin embargo, dicho precepto legal establece excepciones a esa regla y, en lo que interesa, en su inciso b) señala que se exceptúan las sentencias que impongan prisión sin disfrute inmediato de la condena condicional; al respecto el artículo 399, fracción I, del citado ordenamiento legal establece que procede la apelación en ambos efectos, cuando se trate de sentencias definitivas que impongan pena de prisión sin concesión inmediata de la condena condicional; consecuentemente, si el acto reclamado en amparo directo es una sentencia de primera instancia dictada en una causa penal, que impone al quejoso una pena privativa de libertad, sin otorgarle de inmediato el disfrute de la condena condicional, ya sea porque el goce de dicho beneficio se sujete a que el sentenciado pague o garantice la reparación del daño en un lapso determinado, o bien no conceda el mismo, es inconcuso que el juicio de garantías deviene improcedente, pues en ese supuesto la sentencia de primera instancia que se reclama sí es recurrible en apelación al actualizarse la hipótesis contenida en el inciso b) del artículo 388 del ordenamiento legal de mérito, por constituir el acto reclamado una sentencia de primer grado que impone prisión sin disfrute inmediato de la condena condicional; por tanto, al no haberse agotado, antes de ocurrir al amparo, el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el mismo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 828/95. Victorino García Sandoval. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Rafael Parrao Rodríguez. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Amparo directo 711/95. Rosa Emma Molina de Serrano. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretario: Jorge Luis Olivares López.

Amparo directo 129/96. Alejandro Méndez Mendoza. 20 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Rafael Parrao Rodríguez. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Amparo directo 200/96. Lorenzo González Muro. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Rafael Parrao Rodríguez. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Amparo directo 4/96. Víctor Barrón Aguirre y otro. 27 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Sara Olivia González Corral.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo II. Materia Penal. Tesis 345. Página 191.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo V. Marzo de 1997. Tribunales Colegiados de Circuito. Página 742.