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Jurisprudencia en materia penal


DEFENSOR DE OFICIO. NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DESIGNE COMO TAL, A UN PASANTE EN DERECHO. Es incorrecto el argumento del peticionario del amparo, en el sentido de que, al rendir su declaración ministerial se vulneró en su contra, lo previsto en el artículo 128, incisos a), b), c) y d) del Código Federal de Procedimientos Penales, porque el representante social federal le designó como defensor a un pasante en derecho; toda vez que el referido numeral señala, en lo conducente: “Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: III. Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes: a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; ...”, y si esas exigencias fueron satisfechas, ya que el agente del Ministerio Público Federal hizo saber al inculpado, el derecho que tenía de designar defensor particular, a lo que manifestó que se reservaba esa prerrogativa, por lo que dicho funcionario le designó un pasante en derecho, quien al estar presente aceptó el cargo conferido, protestó su fiel y legal desempeño y firmó el acta condigna; es evidente que como el referido numeral no exige que el defensor de oficio en la etapa de averiguación previa sea necesariamente abogado, un pasante en derecho, puede fungir como tal, y por ende, no se violan garantías en perjuicio de la parte quejosa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 69/95. Marco Antonio Suzaña Manjarrez o Monjarrez. 5 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. Secretario: José Guadalupe Hernández Torres.

Amparo directo 103/95. Jovita Ortiz Cruz. 24 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. Secretario: Francisco Javier Villaseñor Casillas.

Amparo directo 107/95. Alfredo Vega de la Torre. 24 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez.

Amparo directo 175/95. Sandra Gallardo Michel. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. Secretario: Juan Manuel Villanueva Gómez.

Recurso de revisión 113/95. José Antonio Santillán Magallanes. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: Ma. del Carmen Cabral Ibarra.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 87/99-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 91/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XIV. Noviembre de 2001, con el rubro: “DEFENSOR PÚBLICO EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE CONTAR CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO”.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo II. Diciembre de 1995. Tribunales Colegiados de Circuito. Página 420.