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Jurisprudencia en materia penal


INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal para el Estado de Chiapas, para fijar las penas al sentenciado, el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración, entre otros datos, la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto, la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla, las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado, la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido, la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido, las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y cuando el sentenciado sea indígena, se tomarán en cuenta además, sus usos y costumbres; sin embargo, dicho artículo no alude a la conducta anterior del activo o a las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del mismo o alguna otra hipótesis equiparable, en la cual pudieran ubicarse los antecedentes penales, para ser tomados en cuenta para efecto de individualizar la pena y fijar el grado de culpabilidad del sentenciado, o bien, determinar si se trata de delincuente primario o que tenga cualquier proceso instaurado en su contra, porque la legislación local no contempla esos aspectos, a pesar de que el numeral 51 del citado código sustantivo penal, establezca que respecto a las demás medidas de seguridad, para su aplicación, el Juez deberá considerar las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, lo que pudiera dar lugar a pensar que este supuesto podría aplicarse para el caso, empero, ello no es posible, porque este precepto se ubica en el capítulo XVI del título segundo, que se refiere a las medidas de seguridad, mas no a la aplicación de las sanciones contempladas en el título tercero, capítulo primero, del ordenamiento legal en comento; en consecuencia, la resolución que toma en cuenta los antecedentes penales para determinar el grado de culpabilidad del sentenciado es violatoria de garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 798/2000. 24 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Raúl Mazariegos Aguirre.

Amparo directo 290/2001. 19 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: José Luis Martínez Villarreal.

Amparo directo 1/2003. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Serafín Salazar Jiménez.

Amparo directo 83/2003. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Bayardo Raúl Nájera Díaz.

Amparo directo 919/2003. 16 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Bayardo Raúl Nájera Díaz.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 1745, tesis VIII.4o.5 P, de rubro: “CULPABILIDAD. SU GRADO SE DETERMINA EXCLUSIVAMENTE CON LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONCURRIERON AL HECHO DELICTUOSO, SIN ATENDER A LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL ESTADO DE COAHUILA).”

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Junio de 2005. Página 698.