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Jurisprudencia en materia penal


RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA ANALIZADO LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN SIDO EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL ACREDITAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, claramente estatuye que para acreditar la plena responsabilidad del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce más amplio de comprobación, debe emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta; ello se traduce en que al momento de pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, deben analizarse los medios de prueba que la demuestren, independientemente de que los mismos hayan sido a su vez examinados al realizarse el estudio correspondiente al acreditamiento de los elementos del tipo; luego entonces, es inconcuso que al margen de la posición teórica que se adopte en el análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable exige que al emitir una sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, en los términos del artículo 171 ya invocado y, además, dicha resolución debe apegarse a los lineamientos establecidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, señala que se debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la sustenten, por lo que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia penal están encaminadas a resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, deben ser redactadas de manera tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a las probanzas que demuestren tanto el delito como su responsabilidad en la comisión del mismo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 273/2001. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Alvarado Echavarría. Secretario: Juan Manuel Ladrón de Guevara de la Tejera.

Amparo directo 277/2001. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alberto Ayala Montenegro. Secretario: José Trinidad García Pineda.

Amparo directo 284/2001. 10 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alberto Ayala Montenegro. Secretario: Alonso Mondragón Rosas.

Amparo directo 263/2001. 19 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Waldemar Alvarado Ríos. Secretario: Agustín López Pérez.

Amparo directo 372/2001. 22 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Alvarado Echavarría. Secretario: Juan Manuel Ladrón de Guevara de la Tejera.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Enero de 2002. Página 1226.